Historiadores dan apoyo a mapuches y repudian Ley Antiterrorista.
Académicos e investigadores como Gabriel Salazar, Igor Goicovic y Sergio Grez llaman a la Presidenta «a desistirse de toda acción represiva contra las comunidades movilizadas» y sostienen que «es el momento para que el Estado chileno repare, de una vez por todas, los daños materiales y culturales infringidos al pueblo mapuche».
Son 115 los días que este viernes cumplen en huelga de hambre el lonko AlfredoTralcal y los hermanos Benito, Pablo y Ariel Trangol. A los comuneros mapuches -quienes han permanecido por más de un año en prisión preventiva- se les quiere juzgar a través de la cuestionada Ley Antiterrorista, tras ser acusados de participar en el ataque incendiario de un templo evangélico en la comuna de Padre Las Casas, hecho que tuvo lugar en junio de 2016.
La crítica situación en la que se encuentran los huelguistas -la que ha sido advertida por el Colegio Médico tras sus visitas a los comuneros- ha motivado una serie de manifestaciones y pronunciamientos en su favor, entre ellas la realizada por un grupo de connotados historiadores e historiadoras. En total son 123 los profesionales de las Ciencias Sociales que firmaron la declaración, entre ellos los premios nacionales Gabriel Salazar (2006), Jorge Pinto Rodríguez (2012) y Julio Pinto Vallejos (2016). En el Comité de Iniciativa que promovió el documento están, además, Sergio Grez e Igor Goicovic.
“Es el momento para que el Estado repare los daños materiales y culturales infringidos al pueblo mapuche”
Los historiadores sostienen que “desde los albores de la Conquista, hasta la instalación del modelo neoliberal, el Wallmapu ha sido objeto de constantes invasiones”, agregando que “tanto el proyecto colonizador hispano, como la política de ocupación de territorios del Estado chileno y los proyectos extractivistas del gran capital, han operado con extrema violencia contra el pueblo nación mapuche“.
En ese sentido, manifiestan su “repudio a estas prácticas coloniales”, su “solidaridad con las comunidades afectadas” y su “reconocimiento a la justicia y legitimidad de las demandas y lucha del pueblo mapuche”. Junto con ello, expresan especialmente su apoyo a los cuatro dirigentes mapuches que se encuentran en huelga de hambre y realizan un rotundo pronunciamiento: “Consideramos inaceptable que el Estado chileno aplique a los mapuche la espuria legislación dictatorial (Ley Antiterrorista Nº 18314, 1984) y que, en base a ello, pretenda castigar conductas estrictamente políticas que deben ser atendidas como parte de un conflicto que el propio Estado chileno desencadenó a fines del siglo XIX”.
Además, entregan su apoyo a los siete comuneros detenidos el pasado 23 de septiembre en la llamada “Operación Huracán”. Respecto a esto, los historiadores señalan que su formalización bajo el cargo de asociación ilícita terrorista “se inscribe en un contexto más amplio de escalamiento de las medidas represivas contra las comunidades en conflicto”. Entre ellas -agregan- “cabe mencionar el constanteasedio policial a las comunidades movilizadas, el allanamiento permanente de las viviendas de los mapuche, los controles camineros sobre sus desplazamientos, el acoso contra los presos políticos mapuche en las prisiones y el cerco mediático que han impuesto sobre el conflicto los medios de comunicación al servicio del capital”.
Los profesionales continúan su declaración emplazando al gobierno -y en particular a la Presidenta Michelle Bachelet- “a desistirse de toda acciónrepresiva contra las comunidades movilizadas”. En ese sentido, consideran importante recordar que fue la propia mandataria, en su calidad de candidata a la Presidencia de la República, quien “se comprometió a no aplicar la Ley Antiterrorista a los mapuche”.
En consecuencia, concluyen, “es el momento para que el Estado chileno repare, de una vez por todas, los daños materiales y culturales infringidos al pueblo mapuche”. Ello pasa -profundizan- “necesariamente por su reconocimiento como pueblo nación, el respeto a su autonomía política en el territorio del wallmapu y el reconocimiento a su cultura y forma de vida ancestral”.
FUENTE: El Ciudadano
