Amnistía Internacional en Chile:»Autoridades deben cesar la represión de manera urgente».
Amnistía Internacional entregó los resultados de lo que pudieron documentar durante su investigación sobre las violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones en Chile: exigieron al Presidente Sebastián Piñera que «detenga la represión inmediatamente».
«La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del Presidente Sebastián Piñera, han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy», concluyó la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.
Según detalla el informe, «las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón consistente en el tipo de violaciones y en el modus operandi llevado a cabo a lo largo de todo el país principalmente por parte de Carabineros. El grado de coordinación requerido para sostener la represión violenta de las protestas durante más de un mes conduce razonablemente a pensar en la responsabilidad del mando al más alto nivel, sea porque ordenó o toleró la represión. Tal extremo, naturalmente, debe ser dilucidados por una autoridad judicial independiente e imparcial».
Amnistía Internacional ha documentado -hasta el momento- 23 casos de violaciones de derechos humanos en el país. Asimismo, la organización ha obtenido evidencia del uso innecesario y excesivo de la fuerza a través de más de 130 piezas audiovisuales y fotográficas que fueron validadas por su equipo de expertos en verificación digital, armas y municiones.
Uso letal de la fuerza
Pudieron documentar la muerte de cinco personas en manos de agentes del Estado durante el estado de emergencia: cuatro de ellas causada por el Ejército y uno por Carabineros.
A través de imágenes, se concluyó que militares hicieron uso de «armamento letal de manera indiscriminada contra manifestantes desarmados en el menos cuatro eventos». Asimismo, indicaron que «también se ha identificado a personal de la Policía de Investigaciones y de Carabineros disparando munición viva. Este tipo de armamentos está prohibido para la dispersión de protestas bajo los estándares internacionales».
Torturas y malos tratos
Respecto a la tortura y malos tratos, sostienen que «una de las formas más frecuentes de lesionar a las personas manifestantes ha sido a través de malos tratos y, en menor medida, la tortura. Un crimen de derecho internacional. Además de un caso de muerte por maltrato policial (…). Amnistía Internacional ha documentado -por ahora- tres casos de tortura, incluyendo tortura sexual».
El organismo expuso el caso de una persona que fue golpeada por personal policial, causándole la pérdida de la visión de un ojo, fractura nasal, luxación de un hombro y el quiebre de tres costillas, lo que le causó una lesión en un pulmón.
Las piezas audiovisuales «demuestran que carabineros y militares se han ensañado contra civiles de forma injustificada y sin razón aparente. Esta violencia se cometió de igual manera contra personas detenidas y sometidas; para dispersar protestas pacíficas; así como en contra de niños, niñas y adolescentes en situación de indefensión».
Lesiones graves y armas potencialmente letales
«Amnistía Internacional ha registrado el uso constante e inadecuado de escopetas en contexto de protestas», expresaron.
«Este análisis demuestra que Carabineros (y en menor medida el Ejército), ha usado escopetas tipo Benelli M3 Y Escorts Aimguard, con munición potencialmente letal de forma injustificada, generalizada, indiscriminada y en muchos casos, apuntando a la cabeza«, señalaron.
Limitación del trabajo de defensores de DD.HH.
Por otra parte, acusaron que «en varias ocasiones las autoridades han obstaculizado la labor de abogados, defensores de derechos humanos y personal médico impidiendo su acceso a comisarías o centros hospitalarios».
Conclusiones
El informe de Amnistía Internacional incluye una serie de conclusiones como que «las autoridades deben cesar la represión de manera urgente, dando órdenes precisas a las fuerzas de seguridad para que ejerzan la máxima restricción en el uso de la fuerza que solo debe ser aplicada de manera progresiva, proporcional y diferenciada».
«Los órganos de justicia deben investigar la responsabilidad del mando en las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto de esta crisis en manos del Ejército y la policía», indicaron.
Finalmente, expusieron que «las autoridades deben asegurar que las legítimas demandas de la población son atendidas» y que además deben «emprender una reforma seria y profunda de la policía«.
Fuente: www.futuro.cl